El número de pobres ha aumentado en el mundo de manera alarmante. Millones de personas viven con un dólar diario. La ayuda al desarrollo ha retrocedido al nivel más bajo de los últimos cincuenta años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) para el 2030 son al día de hoy inalcanzables para la gran mayoría de los países. En España después de casi una década de gobiernos neoconservadores y unos meses de gobierno socialista, en funciones, la situación para millones de personas no ha mejorado sustancialmente. El sistema de protección social sigue siendo débil con políticas poco reconocibles y escasas inversiones. La coalición PSOE y Unidos Podemos, al situar la agenda social en el centro del pacto de gobierno abre expectativas de un futuro mejor para la población más desfavorecida.
La visita a nuestro país del relator Especial para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de la ONU no es casual por la situación de pobreza extrema que vive hoy algo más del 26% de los españoles y las españolas. Un fenómeno social que tiene un especial impacto sobre la población infantil, la más vulnerable, y el derecho que hace posible otros muchos derechos, la educación.
A la pobreza le gusta el fracaso: el factor de exclusión educativa más importante de España. No estamos atendiendo lo suficiente a los estudios e informes que nos alertan sobre la precariedad de la inversión pública en educación; el impacto de las políticas de recortes sobre los sectores más desfavorecidos de la población; y las consecuencias tan negativas que estas políticas tienen para el presente, y tendrán para el futuro del país. La pobreza se traduce en una lista de invisibles. Una realidad que cada día emborronan con sus crónicas los medios de comunicación.
Organizaciones no gubernamentales como Educo y Ayuda en Acción ya han advertido que cada vez más “la gratuidad real de la educación, es un mantra con pies de barro”. “Los derechos “dependen”. Lo que no “depende”, ni es gratuito ni lo será, es el coste que tiene y tendrá para la sociedad española mantener ese discurso público de pies de barro que supone la gratuidad y con ello la equidad de la educación en España”.
El informe de Save the Children España Iluminando el futuro. Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil, titula el apartado 2.5 “Las cuentas no salen si al multiplicarse la pobreza se resta inversión”: menos inversión pública en educación; más niños y niñas con necesidades; menos becas y ayudas; más gasto medio de las familias en educación. Más pobreza, más desigualdad, es igual a más fracaso y más abandono escolar.
La pobreza facilita la segregación en el aula y en el centro que son las formas más sangrantes de la exclusión del sistema educativo. “¿De qué sirve que un niño disponga de un aula y un profesor si no cuenta con libros, material escolar o la posibilidad de una alimentación adecuada?” Siguiendo con el informe de Save the Children, el apartado 2.6, “Asumir el precio de educar a un hijo”, es especialmente significativa la alusión al papel fundamental que tienen los poderes públicos: “El derecho a la educación no puede depender de expresiones de solidaridad para tratar de paliar la pobreza educativa. Debe garantizarse a través de las políticas públicas.”